Redacción
Cada vez son más las familias santafesinas que recurren a préstamos o financian sus compras para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios o alquileres. Frente a este escenario, la diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que propone nuevas herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y facilitar la reorganización de las deudas de quienes atraviesan dificultades económicas.
La legisladora del Partido Socialista, integrante del frente Unidos, sostuvo que el acceso al crédito dejó de responder a proyectos de crecimiento personal o familiar y pasó a convertirse en un recurso para cubrir necesidades básicas. "El crédito ya no es para progresar, es para sobrevivir", afirmó.
Según datos del Monitor de Consumo del Centro de Estudios DEMOS, cuatro de cada diez santafesinos mantienen préstamos personales o saldos financiados en sus tarjetas de crédito, una cifra que supera los promedios históricos registrados en la provincia.
Mahmud consideró que el sobreendeudamiento dejó de ser únicamente un problema financiero para transformarse en una consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, señaló que muchas personas ya no utilizan el crédito para realizar inversiones o concretar proyectos, sino para cubrir la diferencia entre sus ingresos y los gastos indispensables del hogar.
Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, integrado por profesionales especializados, que permitirá analizar en conjunto todas las obligaciones económicas de una persona o familia.
La propuesta busca que quienes mantienen deudas con bancos, tarjetas de crédito, empresas de servicios, prepagas o comercios puedan negociar en un único procedimiento con todos sus acreedores, evitando múltiples refinanciaciones y la acumulación de intereses.
"Hoy una persona puede deberle al banco, a la tarjeta, a una empresa de servicios, a una prepaga y a distintos comercios al mismo tiempo. Tiene que negociar por separado con cada uno y eso muchas veces solo genera más intereses y nuevas refinanciaciones. Queremos que exista un procedimiento que permita analizar todas las deudas en conjunto y construir una salida que realmente pueda cumplirse", explicó la diputada.
La iniciativa también incorpora medidas destinadas a prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento. Entre ellas, promueve la educación financiera para que los consumidores comprendan con claridad las condiciones de los créditos que solicitan y puedan evaluar el verdadero costo de un préstamo.
Al mismo tiempo, establece mayores obligaciones para las entidades que ofrecen financiamiento. El proyecto prevé que las empresas informen de manera clara el monto que recibirá el solicitante, el total que deberá devolver, los intereses, las comisiones, la cantidad de cuotas y las consecuencias de un eventual incumplimiento.
Además, propone que antes de otorgar un préstamo se evalúe la capacidad real de pago del solicitante, evitando la concesión de créditos que resulten imposibles de afrontar.
Mahmud remarcó que el objetivo no es limitar el acceso al crédito, sino garantizar que las personas puedan asumir compromisos compatibles con su realidad económica. "Necesitamos educación y prevención, pero también controles, reglas claras y un Estado que no deje solas a las familias", concluyó la legisladora.
