Redacción
El diputado nacional santafesino Pablo Farías, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, presentó un proyecto de ley orientado a brindar una respuesta integral a las dificultades que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) argentinas.
La iniciativa, impulsada junto a integrantes del bloque Provincias Unidas, busca combinar medidas de alivio inmediato con herramientas de mediano plazo destinadas a fortalecer la competitividad, mejorar el acceso al financiamiento, preservar las fuentes de trabajo y generar condiciones de mayor previsibilidad para el desarrollo del sector productivo.
Desde el bloque señalaron que el proyecto surge como respuesta al complejo escenario que enfrentan actualmente las MiPyMEs, marcado por la caída de la actividad económica, las dificultades para acceder al crédito, la elevada presión tributaria y la falta de políticas de acompañamiento.
Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra la suspensión, durante un año, de nuevos embargos y ejecuciones fiscales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para aquellas empresas adheridas al régimen que mantengan al menos el 90 % de su plantilla de trabajadores. Además, contempla mecanismos para levantar embargos vigentes, limitar las afectaciones sobre cuentas bancarias y proteger el capital de trabajo de las empresas.
El proyecto también crea un régimen excepcional de regularización tributaria mediante una moratoria para deudas vencidas hasta la entrada en vigencia de la ley. La propuesta incluye condonación de multas, importantes reducciones de intereses, planes de pago de hasta 96 cuotas para micro y pequeñas empresas y hasta 60 cuotas para medianas empresas, además de beneficios adicionales para quienes cancelen sus obligaciones al contado.
En materia impositiva, la iniciativa plantea una reducción de los anticipos del Impuesto a las Ganancias durante dos años, permitiendo además computar la totalidad del impuesto al cheque como crédito fiscal para Ganancias, con posibilidad de trasladar el saldo no utilizado durante cinco años. Asimismo, incorpora un régimen de estabilidad fiscal por un período de 24 meses.
Otro de los aspectos centrales apunta a facilitar la participación de las MiPyMEs en las compras públicas y en grandes proyectos de inversión. El texto establece un plazo máximo de 30 días para que el Estado nacional abone a sus proveedores y extiende beneficios tributarios a aquellas empresas que participen como proveedoras de proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo devolución acelerada del IVA, amortización de bienes de capital y reducción de contribuciones patronales para nuevos empleos.
El proyecto también incorpora nuevas herramientas de financiamiento mediante líneas de crédito para inversión productiva y capital de trabajo con tasas bonificadas, habilitando la participación de mutuales, cooperativas y sociedades de garantía recíproca. A su vez, el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) podrá otorgar avales para facilitar el acceso al crédito.
En paralelo, la iniciativa propone modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), reduciendo los montos mínimos exigidos para acceder al programa, ampliando beneficios impositivos y extendiendo su vigencia con el objetivo de promover nuevas inversiones productivas y fortalecer las cadenas de valor en todo el país.
Desde Provincias Unidas sostienen que la falta de políticas específicas para acompañar a las MiPyMEs pone en riesgo el entramado productivo argentino. En ese contexto, consideran que esta propuesta legislativa permitirá brindar herramientas concretas para sostener la actividad económica, proteger el empleo y favorecer el crecimiento de las economías regionales.
