Redacción
La provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en materia de transparencia institucional con la aprobación definitiva de la Ley de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas, una iniciativa impulsada por la diputada provincial Lionella Cattalini que establece mayores controles para impedir que personas o empresas involucradas en hechos de corrupción puedan acceder a contratos, concesiones u obras financiadas con recursos del Estado.
La norma fue sancionada por unanimidad en la Legislatura santafesina y fija nuevas condiciones de integridad para quienes aspiren a contratar con la administración pública provincial. Entre los principales aspectos, incorpora restricciones para personas físicas y jurídicas con antecedentes por delitos contemplados en la ley y amplía los mecanismos de control sobre proveedores, contratistas y concesionarios.
Además, la legislación extiende estos criterios a las contrataciones de obra pública, uno de los sectores históricamente más sensibles frente a hechos de corrupción, con el objetivo de reforzar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos.
Tras la aprobación de la iniciativa, Cattalini destacó el alcance de la nueva normativa y afirmó: "Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado".
La legisladora también remarcó que Santa Fe mantiene una tradición de políticas orientadas al fortalecimiento institucional y sostuvo que la obra pública debe ejecutarse bajo estrictos estándares de control. "Creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos", expresó.
La nueva ley dispone que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como también de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones. Asimismo, habilita el intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer los procesos de fiscalización.
Cattalini valoró además el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo al señalar que "la transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado", destacando que la aprobación unánime refleja la importancia de avanzar en normas que trasciendan las diferencias partidarias.
Finalmente, la diputada sostuvo que esta legislación constituye una herramienta concreta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una administración más transparente de los recursos públicos. "Santa Fe vuelve a dar una señal clara. Quienes quieran hacer negocios con el Estado deberán cumplir estándares acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos que son de todos los santafesinos", concluyó.
