Redacción
La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se acelere el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.
La legisladora socialista amplió la información existente en el expediente y aportó nuevos elementos que —según explicó— “refuerzan la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.
Entre los nuevos datos, Cattalini destacó una investigación penal sobre una operación financiera de diez millones de dólares, presuntamente autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la operación. Además, acercó al Consejo declaraciones que lo vinculan con pedidos de dinero a cambio de decisiones judiciales y denuncias por acoso y persecución laboral contra empleados de su juzgado.
Para la diputada, los antecedentes y hechos recientes revelan “un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial”. En ese sentido, pidió que se actúe sin demoras:
“Insto a la jueza Alejandra Provítola, quien está a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, a que avance con la celeridad y la seriedad que el caso requiere. La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”, expresó.
Antecedentes del caso
El juez Gastón Salmain está bajo investigación desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió declarar en su currículum un antecedente de cesantía, dispuesto hace dos décadas cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno. A raíz de ese hecho, el Consejo de la Magistratura abrió un proceso disciplinario.
En agosto de este año, Cattalini solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una copia de los antecedentes presentados por Salmain en el concurso de 2022, así como la resolución de cesantía omitida en su declaración jurada, documentación que luego fue elevada al Consejo de la Magistratura.
“La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información en una declaración jurada impide que tanto el Consejo de la Magistratura como el Senado —órganos responsables de evaluar y designar magistrados— puedan realizar los controles y las impugnaciones correspondientes”, señaló Cattalini.
Finalmente, la legisladora subrayó que el caso tiene un fuerte impacto en la confianza pública:
“Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión para que la Justicia vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad espera.”
