Redacción
Consultado al respecto, Rojas explicó que “la última prórroga vencía el 28 de febrero, dejando a pequeños productores, familias agrícolas, campesinos e indígenas desprotegidos frente a posibles desalojos. El propósito de la Ley 13666 fue, y sigue siendo, regularizar la propiedad de los terrenos en los que no sólo viven, sino que además son su medio de vida.”
Con la media sanción, la ley tendrá nuevamente vigencia por dos años. Al respecto, el diputado remarcó que “es la segunda vez que se prorroga esta ley; si bien se han hecho avances, aún hay muchas trabas burocráticas, falta de información, desconocimiento, e imposibilidad de afrontar los costos que acarrea el trámite. Esperamos poder trabajar para mejorar en esos aspectos, la emergencia debe ser una excepción y no un estado permanente.”
Rojas manifestó que “este es un punto de partida para resolver problemas más complejos que tienen lugar en el ámbito rural, especialmente entre los jóvenes, quiénes terminan siendo expulsados de estos lugares por la falta de oportunidades, las desventajas en el acceso a bienes y servicios esenciales, el atraso en materia de infraestructura y la desatención desde las políticas públicas en general. Necesitamos avanzar en estas cuestiones, garantizar y ampliar derechos a las poblaciones rurales.”
