Redacción
POR SI NOS FALTARAN PROBLEMAS.- En una reciente entrevista otorgada por el Presidente de SanCor Alberto Eduardo Sánchez, él mismo reconoció que la empresa arrastra una histórica deuda salarial con las y los trabajadores y con la entidad sindical. Reconoció también que, por este motivo, algunos trabajadores se encuentran reteniendo la prestación de manera pacífica en todas las plantas excepto -dijo- en la sede de casa central donde se habrían registrado discusiones entre compañeros que querían trabajar y los que no quieren hacerlo.
Hasta aquí, lo normal en un conflicto de derecho laboral.
Pero lo insólito de la situación se suscitó cuando quienes acompañaban a Sánchez, -los que se presentaron como legisladores- comenzaron a agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de delincuentes y afirmando que no van a parar hasta verlos en la cárcel.
Éstos vulgares agitadores -que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador-, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, dijeron:
a) Que hace poco se interesaron por el tema SanCor, cuando los trabajadores en conflicto que luchan por su sueldo tienen toda una vida trabajando en la empresa.
b) Que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito, cuando vemos diariamente tanto en los Concejos Deliberantes de cualquier municipio, en las legislaturas provinciales y en el Honorable Congreso de la Nación las tremendas discusiones y acusaciones de todo tipo y calibre entre diputados/as y senadores/as calificándose unos a otros de tira bombas, traidores a la patria, coimeros, apretadores, etc., etc. y hasta con intentos de irse a las manos.
Pero estos personajes consideran a las y los trabajadores ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo.
Dijeron además que pertenecían al movimiento empresarial anti bloqueo, cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Cámara Civil Sala I, declarándose su objeto contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga.
Demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras, a querer hacer política con la leña de un árbol caído.
Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes.
CUERPO DE DELEGADOS DEL PERSONAL SANCOR
