Redacción
La dinámica económica de la Argentina obliga a evaluar los alcances particulares, los beneficios y los posibles perjuicios que surgen del DNU, así como su implementación en momentos críticos de la vida social y económica del país.
En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento.
Al mismo tiempo, CAME expresa la necesidad de analizar adecuadamente el eventual impacto que la concentración económica o los cambios en las reglas comerciales puedan tener sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas, agravando aún más la recesión que atraviesa el país.
La entidad considera que el éxito en la implementación de estas políticas públicas –que repercutirán en amplios sectores de la sociedad– requiere del mayor consenso posible. Y la práctica de la búsqueda de consensos requiere de un proceso de intercambio, de discusiones y de negociaciones entre las partes involucradas que representan los distintos intereses en juego. El Congreso de la Nación es el ámbito natural donde alcanzar los acuerdos, si lo que se pretende es que los mismos sean viables y duraderos.
Por último, CAME ratifica la voluntad de acompañamiento y de diálogo para con el sector público a los efectos de contribuir en el sostenimiento del empleo pyme y el mercado interno. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con propuestas y proyectos de ley a favor de las pymes argentinas.
