RedacciónEl Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de Sunchales presentó este martes ante los concejales un informe sobre la situación financiera del municipio y una propuesta de actualización de las ordenanzas tributaria y fiscal. El encuentro se desarrolló en el marco de la Comisión para la Revisión de la Ordenanza Tributaria y Fiscal, con el objetivo de analizar el financiamiento de los servicios públicos y evaluar alternativas para sostenerlos.
Durante la reunión, el Ejecutivo, encabezado por el intendente Pablo Pinotti, expuso las medidas de reducción del gasto implementadas en los últimos meses y planteó la necesidad de adecuar las tasas municipales a los costos actuales. El argumento central es que los recursos recaudados mediante la TGIU resultan insuficientes para cubrir las prestaciones vinculadas a esa tasa, por lo que una parte significativa se financia con ingresos generales, entre ellos los provenientes de la coparticipación.
De acuerdo con la información presentada, alrededor del 70% del costo de los servicios municipales se cubre con otros ingresos. Esta situación, según el DEM, responde a un desequilibrio que se arrastra desde hace años entre los montos facturados a los contribuyentes y el costo efectivo de las prestaciones.
El relevamiento expuesto por el Ejecutivo muestra que los costos directos de los servicios urbanos incluidos en el análisis alcanzaron los $1.011,7 millones, mientras que la emisión de la TGIU fue de $423,4 millones.
La diferencia entre ambos conceptos refleja la brecha de financiamiento que enfrenta el municipio. Según el informe, entre mayo y julio esa distancia llegó a los $588,2 millones.
Entre los servicios considerados se encuentran el barrido y la limpieza, la recolección de residuos, el corte de pasto, el mantenimiento de calles y el riego. El Ejecutivo también señaló que el municipio destina recursos a otras áreas esenciales, como salud, educación, asistencia social y prevención.
Frente a este escenario, el DEM sostuvo que durante el período analizado debió reducir la inversión destinada a la prestación de servicios para amortiguar el déficit. La diferencia entre los costos y los recursos emitidos por la TGIU se habría reducido progresivamente, como resultado de las medidas de contención del gasto.
Sin embargo, desde el Ejecutivo advirtieron que profundizar los recortes podría afectar la calidad de las prestaciones y limitar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudad.
Como parte de las medidas adoptadas, el municipio informó que avanzó en la reducción de horas extras, viáticos, contratos y personal. Estas acciones apuntan a contener los gastos corrientes sin interrumpir los servicios básicos.
La administración municipal considera que el ajuste del gasto, por sí solo, no resuelve el problema estructural de financiamiento. Por ese motivo, propone revisar el esquema tributario para acercar los recursos disponibles al costo de las prestaciones y recuperar, de manera progresiva, la capacidad de inversión.
El planteo busca evitar que la diferencia continúe absorbiéndose mediante recursos destinados al funcionamiento general del Estado local, al tiempo que pretende generar condiciones para planificar mejoras en infraestructura y servicios.
La propuesta concreta del Ejecutivo contempla una recategorización de los contribuyentes, bajo un criterio de equidad vinculado con la infraestructura y los servicios disponibles en cada sector de la ciudad.
El proyecto prevé reemplazar las seis categorías actuales por cuatro:
Inmuebles con máxima infraestructura.
Inmuebles con infraestructura media.
Inmuebles con infraestructura básica.
Inmuebles ubicados en zonas suburbanas o de desarrollo.
Según lo presentado, el nuevo esquema apunta a que cada contribuyente pueda identificar con mayor claridad la categoría en la que se encuentra y la prestación que financia mediante el pago de la tasa.
La iniciativa deberá continuar su análisis en el ámbito legislativo, donde se evaluarán los alcances de la modificación de las ordenanzas tributaria y fiscal.
El debate pone en discusión cómo financiar los servicios municipales en un contexto de aumento de costos y recursos que, según el diagnóstico del Ejecutivo, resultan insuficientes para cubrir las prestaciones actuales. La definición del nuevo esquema tributario será clave para determinar de qué manera se distribuirá esa carga y qué herramientas tendrá el municipio para sostener los servicios y recuperar capacidad de inversión.
