Redacción
El crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares argentinos comenzó a ocupar un lugar central en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco, la diputada provincial santafesina Gisel Mahmud participó este martes del plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde presentó el diagnóstico que viene desarrollando desde Santa Fe y las propuestas que impulsa en la Legislatura provincial.
El encuentro se realizó a partir del emplazamiento aprobado por la Cámara baja nacional la semana pasada para que ambas comisiones avancen en el tratamiento de los proyectos relacionados con el endeudamiento familiar. Son cerca de 50 iniciativas pertenecientes a distintos bloques parlamentarios, con reuniones previstas durante septiembre y la intención de avanzar hacia la elaboración de dictámenes.
La jornada contó con la participación de especialistas y representantes de distintas instituciones vinculadas con la problemática, entre ellas entidades bancarias, centros de estudios económicos y universidades. En las exposiciones se abordaron los niveles de morosidad, el funcionamiento del sistema de crédito y la necesidad de analizar mecanismos de prevención y reestructuración de las deudas de consumo.
Durante su intervención, Mahmud sostuvo que el sobreendeudamiento dejó de ser exclusivamente una cuestión individual y pasó a tener consecuencias sociales, económicas y jurídicas que requieren respuestas desde las políticas públicas.
La legisladora presentó datos que, según explicó, permiten dimensionar el impacto del fenómeno en Santa Fe. Entre ellos mencionó un estudio realizado en agosto de 2026 que, de acuerdo con sus datos, señala que el 52% de las personas consultadas posee deudas. También indicó que más del 30% manifestó haberse endeudado para afrontar gastos cotidianos y que otro 20% lo hizo para cancelar compromisos financieros previos.
A nivel nacional, el debate parlamentario también se desarrolla en un contexto de incremento de la morosidad. Durante el plenario del 15 de septiembre, representantes del Centro de Economía Política Argentina señalaron que los niveles de mora rondan el 34% y estimaron en unos seis millones las personas alcanzadas por esa situación, planteando que la dimensión del fenómeno excede las decisiones financieras individuales.
En ese contexto, Mahmud planteó que una parte de las familias recurre al crédito como mecanismo para afrontar gastos corrientes y sostuvo que el fenómeno debe ser analizado en relación con los ingresos de los hogares, el costo del financiamiento y las condiciones bajo las cuales se otorgan los créditos.
La diputada también cuestionó públicamente interpretaciones que atribuyen el endeudamiento principalmente a decisiones de consumo. En su exposición, presentó su propia lectura sobre las causas del fenómeno y vinculó el crecimiento del endeudamiento con las dificultades de los hogares para sostener sus gastos habituales.
Mahmud impulsa en la Legislatura santafesina un proyecto de Código de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias que incorpora un capítulo específico sobre sobreendeudamiento.
Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas, pensado para que una persona que ya no puede afrontar sus compromisos pueda realizar un diagnóstico integral de su situación financiera y reunir en un mismo procedimiento a los distintos acreedores.
La propuesta contempla la posibilidad de renegociar las obligaciones, establecer quitas o revisar intereses y construir planes de pago acordes con la capacidad económica de cada familia. El objetivo planteado es evitar que el crecimiento de intereses y cargos termine profundizando una situación que ya resulta difícil de resolver.
Otro de los puntos centrales es la incorporación del principio de “Préstamo Responsable”. Según la iniciativa presentada por Mahmud, las entidades financieras y otros prestadores de crédito deberían evaluar la capacidad real de devolución de quien solicita financiamiento, brindar información sobre las alternativas disponibles y analizar su solvencia sin delegar exclusivamente esa evaluación en sistemas automatizados.
El proyecto también plantea que los prestadores que otorguen financiamiento sin considerar adecuadamente la capacidad de pago puedan asumir total o parcialmente los riesgos y costos derivados de esa decisión.
Durante su exposición, Mahmud también hizo referencia a una herramienta implementada en Santa Fe para atender situaciones de endeudamiento.
El Plan de Protección de los Ingresos, impulsado por la Provincia junto al Banco Santa Fe, permite reorganizar determinadas deudas mediante una línea de financiamiento que contempla una relación cuota-ingreso de hasta el 25% y plazos de hasta 60 meses, de acuerdo con las condiciones informadas oficialmente.
Según informó el Gobierno provincial, hasta el 11 de agosto el programa había registrado más de 18.500 adhesiones y permanecía vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.
Para Mahmud, esa experiencia constituye un antecedente que demuestra la necesidad de generar herramientas específicas para las familias que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros, aunque sostuvo que las respuestas deberían complementarse con medidas de alcance nacional.
La participación de la legisladora santafesina se produjo en el inicio de un proceso parlamentario que continuará durante las próximas semanas. La Cámara de Diputados estableció reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para los días 15, 22 y 29 de septiembre, con el objetivo de analizar los proyectos existentes y avanzar hacia una posición común.
El temario incluye iniciativas de diferentes bloques que proponen desde mecanismos de refinanciación y saneamiento de deudas hasta modificaciones en las normas que regulan el crédito y la protección de los consumidores. La diversidad de propuestas refleja que todavía no existe una única respuesta legislativa sobre cómo abordar el fenómeno.
En ese escenario, Mahmud planteó ante los legisladores nacionales la necesidad de articular las experiencias provinciales con una eventual política nacional y sostuvo que el problema del sobreendeudamiento requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado.
La exposición llevó al ámbito nacional una discusión que ya tiene desarrollo en Santa Fe y que, a partir del actual tratamiento parlamentario, buscará encontrar herramientas para prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento y ofrecer mecanismos de salida para quienes ya no pueden afrontar sus obligaciones financieras.
