Cattalini cuestionó el funcionamiento de la Justicia Federal durante los años de mayor violencia en Rosario

La diputada provincial Lionella Cattalini reclamó una investigación sobre el destino de cerca de ocho mil expedientes que, según planteó, permanecieron sin avances en los juzgados federales de Rosario a cargo de los jueces Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros. Para la legisladora, el dato plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la Justicia Federal durante los años en que la ciudad atravesó una fuerte escalada del narcotráfico y la violencia.

“Durante años nos preguntamos cómo pudo crecer tanto el narcotráfico, cómo pudieron consolidarse determinadas organizaciones criminales y cómo Rosario llegó a atravesar los niveles de violencia que vivimos. Saber ahora que miles de expedientes permanecieron frenados en esos juzgados necesariamente nos obliga a mirar hacia atrás. Acá puede haber una parte importante de esa explicación”, sostuvo Cattalini.

La legisladora consideró necesario analizar individualmente los expedientes para establecer qué investigaciones quedaron paralizadas, durante cuánto tiempo y cuáles fueron las circunstancias que provocaron esas demoras. En ese sentido, señaló que una parte del atraso podría estar vinculada con cuestiones administrativas, el proceso de transición entre sistemas judiciales, falta de controles o ineficiencias en el funcionamiento de los tribunales.

Sin embargo, advirtió que también debería determinarse si existieron investigaciones relevantes que fueron deliberadamente demoradas. “No podemos meter todo en la misma bolsa. Pero tampoco podemos aceptar que semejante cantidad de expedientes se explique como un simple problema administrativo. Hay que revisar qué investigaciones quedaron frenadas, durante cuánto tiempo y a quiénes beneficiaron esas demoras. Tenemos que saber cuánto hubo de inoperancia y cuánto de intencionalidad”, afirmó.

Cattalini viene cuestionando desde hace años el funcionamiento de la Justicia Federal de Rosario y fue denunciante del exjuez Marcelo Bailaque. En ese marco, volvió a referirse a las demoras que, según sostuvo, afectan el avance hacia el juicio de una de las investigaciones que involucran al exmagistrado.

“Con Bailaque vemos cómo funciona este mecanismo. Después de todo lo que conocimos, aparecen una y otra vez maniobras dilatorias para evitar que llegue a juicio. El paso del tiempo no puede volver a convertirse en una forma de impunidad”, señaló.

Para la diputada, el análisis de los expedientes excede las eventuales responsabilidades individuales de los magistrados y requiere revisar el funcionamiento general de la Justicia Federal en un período particularmente crítico para Rosario. Los tribunales federales tuvieron durante esos años competencia sobre investigaciones vinculadas, entre otros delitos, con narcotráfico, corrupción y delitos económicos.

“Cuando la Justicia no investiga, cuando una investigación duerme durante años o cuando los controles no funcionan, alguien se beneficia. La impunidad a veces necesita una decisión deliberada y otras veces se alimenta de la desidia. Las dos cosas son graves y tenemos que saber qué ocurrió acá”, sostuvo.

El planteo de Cattalini apunta, de esta manera, a reconstruir qué ocurrió con las causas que permanecieron inactivas y establecer si las demoras respondieron exclusivamente a dificultades propias del sistema judicial o si, en determinados casos, pudieron haber tenido otras causas.

“Mientras Rosario ardía, miles de expedientes dormían en los juzgados que tenían que investigar buena parte de los delitos que estaban detrás de esa violencia. No podemos mirar ese dato como una casualidad. Ahí puede haber una parte de la explicación de lo que nos pasó. Y tenemos derecho a conocerla”, concluyó la legisladora.