Redacción
Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, del bloque Unidos-PDP, presentaron un proyecto de Resolución mediante el cual solicitan a la Cámara de Diputados y al Senado de la Provincia de Santa Fe que incorporen a la legislación electoral una revisión de las restricciones que actualmente alcanzan a distintas actividades comerciales, sociales, culturales, recreativas y deportivas durante las elecciones.
La propuesta apunta a que, durante la jornada electoral y las 48 horas previas al acto eleccionario, puedan desarrollarse con normalidad aquellas actividades lícitas cuya limitación no resulte estrictamente necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del proceso electoral.
El planteo surge en el marco del tratamiento de una nueva legislación electoral para la provincia y busca establecer reglas claras y permanentes para los períodos electorales. Entre las actividades alcanzadas por la iniciativa se encuentran bares, restaurantes, establecimientos gastronómicos, espectáculos, eventos deportivos y otros espacios vinculados con el entretenimiento y la actividad social.
Boidi sostuvo que la normativa actual establece limitaciones que, desde su perspectiva, afectan determinadas libertades y generan perjuicios económicos para quienes desarrollan actividades que deben modificar o suspender su funcionamiento durante los procesos electorales.
“En virtud del eminente tratamiento de la Ley Electoral, es que solicitamos que sea incluida en su texto la eliminación de las restricciones que existen en el proceso electoral, ya que la actual legislación limita libertades, perjudicando determinadas actividades, por lo que constituyen limitaciones excesivas”, señaló la concejal.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con las restricciones que afectan al funcionamiento de establecimientos gastronómicos y espacios recreativos, así como con la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante los períodos electorales.
Mársico consideró que la protección del proceso electoral debe concentrarse en controles y sanciones dirigidos a quienes cometan delitos o infracciones, sin extender necesariamente esas restricciones a actividades comerciales y sociales que, según sostuvo, no interfieren con el desarrollo de los comicios.
“Se debe proteger el proceso electoral mediante controles y sanciones dirigidas a las personas que incurran en delitos o infracciones, pero es innecesario mantener las restricciones comerciales y sociales que rigen actualmente”, afirmó el edil demoprogresista.
En concreto, el proyecto plantea que el período previo y la jornada de votación no impliquen necesariamente el cierre de bares, restaurantes, boliches, espectáculos, eventos deportivos y otros espacios recreativos. También propone revisar la prohibición vinculada con la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos habilitados.
Los concejales fundamentan su pedido en la coexistencia de distintas disposiciones que regulan el funcionamiento de estas actividades durante los comicios. En ese sentido, señalan que el Código Nacional Electoral, a través de la Ley 19.945 y particularmente de su artículo 71, establece una serie de prohibiciones vinculadas con espectáculos públicos y expendio de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, remarcan que el Tribunal Electoral de Santa Fe ha emitido, en distintos procesos electorales, acordadas mediante las cuales se habilitó el funcionamiento de bares, restaurantes, confiterías y determinadas actividades comerciales vinculadas con el entretenimiento público.
Para Boidi, esta situación genera una normativa que puede resultar contradictoria y que requiere una definición legislativa que otorgue mayor previsibilidad a comerciantes, empresarios y organizadores de actividades.
“El Tribunal Electoral de Santa Fe, en cada acto eleccionario, emite acordadas donde permite la apertura de bares, restaurantes, confiterías y la celebración de actividades comerciales que impliquen el entretenimiento público. En virtud de esta dispar normativa, se debe legislar, a los fines de evitar que por cada acto eleccionario el Tribunal Electoral deba realizar un pronunciamiento”, sostuvo.
Desde el bloque Unidos-PDP plantean, de esta manera, que la cuestión quede expresamente contemplada en la legislación provincial, con el objetivo de evitar interpretaciones o disposiciones particulares en cada elección y establecer un criterio uniforme para el funcionamiento de las actividades económicas y sociales durante los procesos electorales.
