RedacciónEl edil Lisandro Mársico, perteneciente al bloque PDP – Unidos, presentó un Proyecto de Resolución en el Concejo Municipal con el objetivo de requerir a la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. una modificación en su Reglamento del Usuario. La propuesta, que contó con el acompañamiento de la concejala Carla Boidi, busca establecer la interrupción del servicio público a aquellas personas que ocupen ilegalmente una propiedad, siempre que exista una denuncia formal radicada ante el Ministerio Público de la Acusación por parte de autoridades municipales, provinciales o nacionales.
La iniciativa legislativa surge como respuesta a una problemática recurrente en la ciudad, donde la ocupación irregular de predios y viviendas privadas o públicas desencadena conflictos sociales, legales y episodios de violencia en los barrios afectados. Según los fundamentos del proyecto, estas situaciones generan un fuerte impacto negativo en la convivencia comunitaria, provocando preocupación e indignación entre los vecinos que residen en las inmediaciones de los espacios usurpadore.
Dentro de los argumentos expuestos en la norma, se hace referencia al marco legal vigente en el Código Penal Argentino, cuyo artículo 181 sanciona el delito de usurpación con penas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión. La legislación busca resguardar el derecho a la propiedad privada y habilita las vías correspondientes para la restitución del bien a sus legítimos dueños.
En este contexto, la propuesta del concejal demoprogresista apunta a sumar mecanismos administrativos que desincentiven la toma irregular de inmuebles. De acuerdo con lo planteado en el proyecto, privar de la provisión de agua potable a los intrusos constituye una herramienta concreta para desalentar la permanencia ilegal en las fincas.
Asimismo, la presentación legislativa se alinea con iniciativas previas impulsadas en la misma dirección, las cuales proponían la supresión de la luz eléctrica en casos de usurpación confirmada. El objetivo integral de estas medidas es dificultar la habitabilidad en los predios tomados y brindar un respaldo normativo a las acciones judiciales y policiales destinadas a restituir el orden y la propiedad en la localidad.
