Redacción
El concejal de Rafaela, Lisandro Mársico (PDP – Unidos), presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que modifique el Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico, o la normativa que corresponda, con el objetivo de impedir que personas que ocupen ilegalmente un inmueble puedan acceder al servicio de electricidad.
La iniciativa, impulsada junto a la arquitecta Carla Boidi, busca incorporar un mecanismo que impida la conexión eléctrica cuando exista una denuncia formal por usurpación presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por autoridades municipales, provinciales o nacionales, acompañada de la documentación que acredite la ocupación irregular del inmueble.
Según explicó Mársico, actualmente la empresa prestadora puede realizar la conexión del servicio con la sola presentación de un contrato de alquiler, incluso cuando este haya sido firmado por una persona que no sea el verdadero propietario del inmueble. A su entender, esta situación termina facilitando que quienes ocupan ilegalmente una vivienda accedan a un servicio público esencial mientras se desarrolla el proceso judicial.
El edil sostuvo que este tipo de situaciones se ha vuelto cada vez más frecuente en Rafaela, generando conflictos legales y sociales que, en muchos casos, derivan en hechos de violencia y provocan preocupación entre los vecinos de los sectores afectados.
En los fundamentos del proyecto también recordó que el artículo 181 del Código Penal Argentino sanciona el delito de usurpación con penas de seis meses a tres años de prisión para quienes, mediante violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despojen a otra persona de la posesión o tenencia de un inmueble.
La propuesta establece que, una vez acreditada la existencia de una denuncia por ocupación ilegal, la EPE no deberá otorgar el suministro eléctrico hasta que las autoridades competentes informen oficialmente el cese de esa situación tanto al Ministerio Público de la Acusación como a la empresa prestataria.
Asimismo, el proyecto contempla los casos en los que el servicio ya se encuentre conectado. En esas circunstancias, solicita que la Empresa Provincial de la Energía proceda al corte del suministro, siempre que exista una denuncia formal presentada por organismos públicos que certifique la ocupación ilegal del inmueble.
Para Mársico, la medida representa una herramienta destinada a desalentar este tipo de delitos y fortalecer la protección del derecho de propiedad, evitando que el acceso a un servicio público pueda consolidar situaciones de ocupación irregular mientras se resuelve la intervención judicial correspondiente.
