El Socialismo celebró la nueva Ley de Municipios y la definió como un hito institucional

La provincia dio un paso clave en la actualización de su sistema político con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Municipios, una norma que redefine el funcionamiento de los 365 gobiernos locales y que, según referentes del socialismo, marca un antes y un después en la gestión pública a nivel territorial.

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue revisado y modificado en la Cámara de Diputadas y Diputados antes de recibir la aprobación definitiva en la misma jornada. El proceso incluyó meses de trabajo, audiencias públicas y consultas a intendentes, presidentes comunales, concejales y representantes de distintos espacios políticos.

La presidenta de la Cámara baja, Clara García, destacó la amplitud del debate y el consenso alcanzado, subrayando que la ley responde a una de las demandas más urgentes surgidas tras la reforma de la Constitución provincial de 2025. En ese marco, sostuvo que la normativa incorpora herramientas modernas de participación, control y representación, adaptadas a las dinámicas actuales de los gobiernos locales.

En la misma línea, el diputado Joaquín Blanco consideró que se trata de una de las primeras grandes transformaciones derivadas de la nueva Constitución y remarcó el desafío que implicó actualizar marcos legales con casi un siglo de antigüedad. La ley, que pasó de 60 a 116 artículos, regula aspectos centrales como las competencias de intendentes y concejos municipales, y redefine la integración de estos últimos mediante criterios de representatividad vinculados a la cantidad de habitantes.

Entre los cambios más relevantes, se establece que todos los mandatos tendrán una duración de cuatro años con posibilidad de una sola reelección, lo que introduce límites a la permanencia en el poder y promueve la alternancia política. A su vez, se incorporan herramientas de participación directa como audiencias públicas, consultas populares, referéndum y presupuesto participativo, además de habilitar la iniciativa popular para la presentación de proyectos.

La norma también contempla la figura de la revocatoria de mandato ante situaciones graves, así como la posibilidad de conformar áreas metropolitanas y estructuras compartidas para la gestión de servicios y el control administrativo. En ese sentido, se apunta a una planificación territorial más integrada y eficiente.

Otro de los puntos destacados es la creación de la Mesa de Transición Democrática, un ámbito formal donde autoridades salientes y entrantes deberán elaborar un informe conjunto que garantice transparencia en el traspaso de gestión.

Desde el socialismo coincidieron en que la ley no solo moderniza el funcionamiento institucional, sino que también abre una etapa de mayor protagonismo para los gobiernos locales, con herramientas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la relación entre el Estado y la comunidad.