Redacción
La presidenta del Partido Socialista (PS), Mónica Fein, manifestó una fuerte postura crítica hacia el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo nacional, al considerar que representa “un retroceso” que reduce garantías y evita una discusión profunda sobre el desarrollo económico. Desde el espacio político sostienen que la iniciativa no generará nuevos puestos de trabajo ni aportará una verdadera modernización del mercado laboral.
Según expresaron, la propuesta oficial debilita la negociación colectiva, afecta el financiamiento del sistema de seguridad social y consolida condiciones de precariedad, especialmente en el ámbito de las plataformas digitales. Además, señalaron que el proyecto carece de legitimidad social al no surgir de un proceso de diálogo amplio entre el Estado, trabajadores, organizaciones y empleadores. En ese sentido, Fein afirmó que una reforma de esta magnitud requiere un debate abierto y participativo, y cuestionó que la iniciativa haya sido elaborada sin consenso.
Como contrapunto, el Socialismo impulsa una agenda basada en siete ejes estratégicos que buscan equilibrar desarrollo productivo y protección de derechos. Entre las propuestas se destacan la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la implementación de una regulación específica para las pequeñas y medianas empresas que incentive la formalización sin pérdida de garantías, y el acceso universal a la formación continua frente al avance de la inteligencia artificial.
El documento también incorpora una agenda de cuidados orientada a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y promover condiciones laborales más equitativas. Desde el espacio remarcaron que, ante un escenario con niveles de informalidad laboral que alcanzaban el 43,3% hacia finales de 2025, resulta imprescindible avanzar hacia un plan productivo integral que articule innovación tecnológica, empleo de calidad y políticas públicas que reduzcan la desigualdad estructural.
En esa línea, el Partido Socialista sostiene que cualquier reforma moderna debe integrar desarrollo económico con derechos laborales, con un Estado que garantice transparencia, promueva acuerdos y actúe como mediador en los conflictos sociales.
