La propuesta incluye a empresas, cooperativas, mutuales y particulares, y exige que, antes de cada adjudicación o contratación, la administración pública realice una verificación sobre los antecedentes penales de los oferentes.
Provinciales01/08/2025
RedacciónLa Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca reforzar los controles y mejorar la transparencia en las contrataciones del Estado. La iniciativa, impulsada por la legisladora Lionella Cattalini, establece que no podrán ser proveedores del Estado aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con antecedentes por delitos vinculados a la corrupción.
La propuesta incluye a empresas, cooperativas, mutuales y particulares, y exige que, antes de cada adjudicación o contratación, la administración pública realice una verificación sobre los antecedentes penales de los oferentes.
“Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción”, afirmó Cattalini, quien argumentó que este proyecto no agrega burocracia innecesaria, sino que se trata de una herramienta concreta para evitar que personas condenadas por delitos como cohecho, malversación de fondos o negociaciones incompatibles puedan beneficiarse con fondos públicos.
El proyecto busca respaldar a quienes actúan dentro de la legalidad y contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. “Queremos resguardar a los honestos, a los que hacen bien las cosas y se manejan dentro de lo que marca la ley, que sabemos son la inmensa mayoría”, remarcó la diputada.
La iniciativa fue girada ahora al Senado para su tratamiento definitivo. De ser aprobada, Santa Fe se sumará a otras jurisdicciones del país que han adoptado normativas similares orientadas a fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Las actividades se desarrollaron en el ámbito de la Legislatura provincial, donde sesiona la Convención. Calvo, junto a la ingeniera Bárbara Chivallero y su equipo técnico, integró varias reuniones de comisiones encargadas del análisis de los artículos habilitados para la reforma constitucional.
La resolución, promovida desde la representación del departamento Las Colonias, acompaña y adhiere a los proyectos presentados en el Congreso Nacional que proponen la derogación del decreto, al considerar que atenta contra el funcionamiento y la esencia histórica del organismo.
La convencional constituyente Gisel Mahmud destacó que la propuesta del Partido Socialista incorpora garantías para la ciudadanía en el entorno digital: conectividad, alfabetización, privacidad, transparencia algorítmica y derecho a la desconexión, entre otros.
Alcides Calvo como vicepresidente, acompañado por su equipo técnico, Ing. Bárbara Chivallero, la Dra. Analia Romera, el Dr. Andres Groglio y el asesor técnico Lucas Fresneda, en la respectiva Comisión se dió a conocer el cronograma de este lunes, donde recibirán en audiencias a distintos representantes de la sociedad civil que solicitaron participar en esta instancia para debatir sobre las temáticas, Causa Malvinas, Cooperativismo, Colegios y Consejos Profesionales y Derechos Humanos.
La resolución, promovida desde la representación del departamento Las Colonias, acompaña y adhiere a los proyectos presentados en el Congreso Nacional que proponen la derogación del decreto, al considerar que atenta contra el funcionamiento y la esencia histórica del organismo.
Las actividades se desarrollaron en el ámbito de la Legislatura provincial, donde sesiona la Convención. Calvo, junto a la ingeniera Bárbara Chivallero y su equipo técnico, integró varias reuniones de comisiones encargadas del análisis de los artículos habilitados para la reforma constitucional.
Durante la reunión se plantearon alternativas que permitan enfrentar la volatilidad de los costos energéticos y proyectar inversiones a mediano y largo plazo. La industria láctea, como eje central de la economía local, requiere de previsibilidad y abastecimiento seguro, por lo que este tipo de gestiones resultan claves.
La propuesta incluye a empresas, cooperativas, mutuales y particulares, y exige que, antes de cada adjudicación o contratación, la administración pública realice una verificación sobre los antecedentes penales de los oferentes.
