Redacción
Modificaciones sancionadas:
Artículo 2: Define las funciones del programa, que incluyen:
Promover reuniones periódicas entre autoridades judiciales, ejecutivas, policiales y municipales.
Elaborar un "Mapa del Delito Rural".
Reunir estadísticas y antecedentes del delito rural y abigeato.
Efectuar tareas similares con información de provincias limítrofes.
Llevar registros detallados de los delitos y procedimientos.
Recabar información sobre sistemas de control y vigilancia.
Evaluar y formular recomendaciones a las autoridades.
Proponer reformas legislativas.
Artículo 3: Crea el Comité Central del Programa, integrado por representantes de varios ministerios, el Poder Judicial, entidades ruralistas y legislativas.
Artículo 4: Establece la división del territorio provincial en ámbitos zonales coincidiendo con las circunscripciones judiciales.
Artículo 5: Conforma comités zonales con representantes de municipalidades, autoridades judiciales, policiales y entidades rurales.
Estos comités:
Intervienen en la ejecución de programas y acciones.
Difunden los programas y fomentan la participación social.
Brindan asesoramiento a ciudadanos y productores pecuarios.
Artículo 6: Designa al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública como la autoridad de aplicación de esta ley, coordinando actividades y fijando reglamentos para el Comité Central y los comités zonales.
Fundamentos del Proyecto:
El proyecto reitera las disposiciones de la Ley 12256, creada en 2003 pero no implementada ni reglamentada adecuadamente. Las modificaciones buscan actualizar y activar las disposiciones para abordar de manera más efectiva la seguridad rural y el abigeato. La iniciativa destaca los beneficios de un trabajo coordinado entre diferentes niveles de gobierno y sectores, la creación de mapas delictivos y la recopilación de datos y estadísticas para una mejor toma de decisiones.
Antecedentes Legislativos:
El proyecto original fue presentado en 2022 y tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero no fue tratado en la Cámara de Diputados, lo que llevó a su caducidad. El presente proyecto reproduce y amplía esos esfuerzos previos.
“Este proyecto de ley busca establecer un marco operativo y organizacional claro para enfrentar el delito rural y el abigeato, promoviendo la cooperación interinstitucional y la participación de diversas entidades y niveles de gobierno.
