La crisis del IAPOS debe ser atendida con urgencia y responsabilidad por el gobierno de la provincia

El conjunto de gremios que integramos la CGT Rafaela queremos expresar nuestra fuerte preocupación por la situación que afrontan los trabajadores afiliados al Instituto Autárquico de Obras Sociales de Santa Fe (IAPOS), quienes desde hace varios días tienen suspendidas las prestaciones de los servicios médicos.
Todos conocemos las dificultades que implica la cobertura de los servicios médicos para nuestras familias. A las organizaciones gremiales nos toca administrar obras sociales que se sostienen con el aporte solidario y equitativo de los trabajadores afiliados a cada organización gremial. Se trata de contribuciones porcentuales de los salarios de cada trabajador y si esos salarios caen en su poder adquisitivo, naturalmente ocurre lo mismo con la capacidad de las obras sociales para responder a los costos crecientes de los servicios y prácticas médicas. En este contexto, con los sueldos castigados por tarifazos, impuestazos y la escalada de precios de la canasta básica de subsistencia, las obras sociales cumplen un rol clave en la subsistencia de las familias. Lo sabemos, y conocemos la magnitud del esfuerzo que implica contener y dar respuestas que muchas veces no son lo mejor a lo que aspiramos, sino lo posible ante una coyuntura cada vez más difícil. 
El IAPOS seguramente no escapa a esa realidad, porque los salarios de los trabajadores estatales que sostienen con sus aportes a la obra social también pierden por goleada en la relación con el crecimiento del valor de las prestaciones. Lo preocupante es la actitud asumida por el gobierno provincial, que no parece interesado en solucionar el problema.
El gobierno provincial se desentendió de la suerte de los servicios para los cuales retiene los porcentajes a maestros, policías, médicos, enfermeros, agentes del estado provincial en general, activos y pasivos. Está embarcado en confrontar con los trabajadores inventando excusas para ajustar hacia abajo los sueldos y quitando derechos. 
En paralelo con lo que hace el gobierno nacional, saca el cartelito de "no hay plata" cuando se trata de asegurar dignidad a sus propios trabajadores, pero "si hay plata" cuando hay que financiar herramientas extorsivas y de persecución, como sucede con el presentismo a los docentes. Entre las múltiples declaraciones de funcionarios provinciales, no hemos leido ni escuchado ninguna palabra de llamado al diálogo o de avances en la solución de estos problemas, que son reales, están a la vista y tienen consecuencias sobre la salud física y mental de los compañeros estatales. 
Esperamos respuestas. Exigimos respuestas. Del gobierno provincial y también de las autoridades locales, que son agentes de retención a los compañeros municipales y parecen ser testigos pasivos de una situación que ya es insoportable para las familias trabajadoras.